Facebook y el genocidio del pueblo rohingya

Se dice que el pueblo rohingya (o rohinya) es el más perseguido del mundo. A pesar de que su historia está vinculada desde hace siglos al estado de Rakhine, en el oeste de lo que hoy es Myanmar, las personas rohingya no tienen patria. Tras años de discriminaciones y violencias, en agosto de 2017, el ejército de Myanmar lanzó una ofensiva contra comunidades rohingyas que, según estimaciones de la ONU, asesinó a unas diez mil personas y expulsó a más de 700 mil. La mayoría siguen en campos de personas refugiadas, especialmente en Cox’s Bazar, en Bangladesh.

Aquel episodio marcó un punto de inflexión por la brutalidad de la limpieza étnica y, también, por el papel que jugaron las redes sociales –en especial Facebook– en la escalada del odio y la desinformación que precedieron a la masacre. Desde entonces, el conflicto no ha cesado. En febrero de 2021, el ejército dio un golpe de Estado y tomó el control del país. En 2024, la población rohingya sufrió los peores episodios de violencia desde 2017 según el informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. También la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró a principios de año que el ejército de Myanmar incrementó la violencia contra la población civil durante 2024 y causó el mayor número de muertes de civiles desde el golpe de Estado. En los últimos cuatro años, se estima que al menos han muerto 6.231 civiles, según los datos de AAPP.

Según Amnistía Internacional, Meta fue consciente de los riesgos asociados a sus algoritmos, pero no tomó medidas adecuadas para mitigarlos

¿Cuál fue el origen de todas estas violencias? La historia de Myanmar está marcada por una compleja mezcla de etnias, religiones y conflictos territoriales. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Imperio británico armó al pueblo rohingya, de religión musulmana, para resistir la invasión japonesa. El uso de esa fuerza armada generó tensiones con otras comunidades, sobre todo budistas. Tras la independencia en 1948, y en un contexto de multiplicación de grupos insurgentes, la comunidad rohingya fue identificada por el Estado como una amenaza potencial, especialmente a raíz de la creación de partidos armados. En 1982, la exclusión de las personas rohingya se formalizó con la Ley de Ciudadanía, que les negó el reconocimiento como uno de los grupos étnicos nacionales, privándoles de derechos básicos al ser consideradas inmigrantes ilegales. A pesar de que esta ley vulnera el derecho internacional, aún sigue vigente.

Tras décadas bajo una dictadura militar, el país inició en 2010 un proceso de apertura política, pero con muchas limitaciones. La violencia continuó y las tensiones crecientes desembocaron en 2017 en una masacre que organizaciones internacionales han calificado de genocidio.

Cuando el algoritmo amplifica el odio

Pero ¿qué papel jugó Facebook en 2017? Según un informe elaborado por Amnistía Internacional en 2022, Facebook se convirtió en una «cámara de resonancia de contenido virulento antirrohingya» en Myanmar antes y durante la escalada de violencia. Grupos vinculados al ejército y radicales nacionalistas budistas llenaron la plataforma de publicaciones cargadas de odio que incitaban a la violencia y anunciaban una inminente toma del poder musulmana en el país. ¿Qué hizo Facebook para frenar estas desinformaciones? Ignoró las quejas de quienes alertaban de estos mensajes que incitaban a la violencia y a la discriminación en medio de un conflicto. Los algoritmos hicieron el resto.

De hecho, el informe revela que Meta (antes Facebook) fue consciente durante años de los riesgos asociados a sus algoritmos, pero no tomó medidas adecuadas para mitigarlos. Por ejemplo, en 2014, Meta intentó apoyar una iniciativa contra el odio conocida como «Panzagar» (o discurso de la flor). Se trataba de un paquete de stickers que contenían mensajes como «Piensa antes de compartir» o «No seas la causa de la violencia» y que eran utilizados para responder a los contenidos que hicieran apología de la violencia o la discriminación. Sin embargo, como explica Amnistía Internacional, el algoritmo de la plataforma interpretó el uso de estas pegatinas como una señal de popularidad y aumentó la visibilidad de los posts que buscaban combatir, lo que tuvo un efecto contrario al esperado.

Este informe también señala que estudios internos, que datan incluso de 2012, ya advertían de que los sistemas que determinan qué contenido mostrar podían causar daños graves fuera de Internet. En 2016, una investigación interna reconoció explícitamente que los sistemas de recomendación de Facebook aumentan el problema del extremismo. Sin embargo, Meta decidió no actuar, dejando que estos algoritmos siguieran amplificando contenidos que ponen en riesgo los derechos humanos.

Además, Amnistía Internacional denunció que los Papeles de Facebook exponen con detalle cómo, en lugar de priorizar la seguridad y el bienestar social, Meta continuó ignorando estos problemas porque los contenidos virales implican más gente en sus redes. De hecho, este informe alude a un documento interno de agosto de 2019, en el que la empresa reconoce que el discurso de odio, la polarización política y la desinformación crecen en sus plataformas como consecuencia de las propias mecánicas de viralidad, recomendaciones y optimización para la participación. Esta combinación convierte a Meta en un actor central en la difusión de los mensajes.

La pasividad de Facebook también se demuestra en los pocos recursos destinados a moderar contenidos en algunos países. En 2014, la empresa reconoció que solo tenía una persona de habla birmana encargada de revisar contenido relacionado con Myanmar, y trabajaba desde Dublín.

Meta no puede mirar para otro lado

Frente a esta evidencia, el informe no solo denuncia la inacción de Meta, sino que reclama medidas concretas de reparación. Entre otras cosas, este informe pidió trabajar con las personas sobrevivientes y las organizaciones de la sociedad civil para calcular y proporcionar una indemnización adecuada. Esta reparación debería cubrir los daños físicos y psíquicos, las oportunidades perdidas (de empleo, educación y prestaciones sociales), los daños materiales y la pérdida de ingresos. Además, se solicita a Meta que proporcione atención jurídica, médica y psicológica, que reconozca públicamente el alcance de su contribución a los daños en derechos humanos, pida disculpas directamente a las víctimas y se comprometa a revisar su modelo de negocio.

Meta no ha ofrecido reparación a las víctimas ni ha aumentado los recursos de moderación

Lejos de asumir responsabilidades, Meta no ha ofrecido una reparación adecuada a las víctimas y, además, ha reducido recursos en moderación y automatización de controles, lo que organizaciones advierten relaja las restricciones al discurso de odio. Amnistía Internacional ha insistido en que esta decisión podría tener un impacto en el conflicto de Myanmar, como ya ocurrió en 2017.

Ahora, Meta tendrá que enfrentarse a la denuncia que, con el respaldo de Amnistía y otras organizaciones, ha realizado Maung Sawyeddollah, activista rohingya y superviviente de la violencia en Myanmar, frente a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Esta denuncia no se centra en violaciones de derechos humanos directamente, sino en algo muy concreto: acusa a Meta de haber engañado a sus accionistas.

Según la denuncia, Meta ocultó o minimizó su papel en la difusión del discurso de odio contra los rohingya y su contribución al genocidio de 2017, incumpliendo sus propias normas comunitarias. Al no informar a inversores y al SEC sobre estos riesgos, la empresa podría haber violado las leyes federales que exigen transparencia. La documentación sostiene que la empresa fue advertida en repetidas ocasiones por activistas y organizaciones sobre el uso de Facebook para incitar a la violencia en Myanmar. Sin embargo, Meta no incluyó esta información en sus comunicaciones oficiales con inversores, omitiendo un riesgo material con graves implicaciones para los derechos humanos. Mientras tanto, las víctimas rohingyas siguen esperando justicia, reparación y que quienes permitieron la amplificación del odio asuman su responsabilidad.

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