«Voy a…» Se revelan las indignantes amenazas de Ana Julia Quezada a la madre de Gabriel

Cuando lo privado se convierte en un grito público.

Hay sucesos que, por su crudeza y simbolismo, trascienden lo judicial y lo íntimo. Se instalan en la conciencia colectiva como cicatrices abiertas que nos recuerdan la vulnerabilidad más absoluta: la de la infancia y la de quienes aman. El caso del pequeño Gabriel Cruz fue uno de esos momentos que paralizaron a un país entero, y que aún hoy continúa generando indignación y debate.

Han pasado ocho años desde aquel crimen, pero el nombre de Ana Julia Quezada —condenada por el asesinato del niño— vuelve a sonar con fuerza. Esta vez no por una apelación legal ni por nuevas pruebas, sino por unas presuntas amenazas que habrían sido proferidas desde la cárcel contra Patricia Ramírez, la madre del menor.

El eco de una amenaza que no cesa.

Según ha trascendido, una antigua reclusa habría escuchado a Ana Julia hablar con claridad sobre su intención de hacer daño a Patricia. “Voy a matar a la madre del niño”, habría dicho en distintos momentos, con palabras que resonaban entre los muros de la prisión. Esta testigo, ya en libertad, declarará próximamente ante el juzgado de Almería.

Patricia Ramírez denunció estas amenazas a finales de 2023 y volvió a hablar públicamente de ellas hace solo unas semanas. En su relato, explicó que, al conocer lo sucedido, su primer impulso fue pedir protección: acudió a la Guardia Civil con temor por su integridad. No solo temía a la asesina de su hijo, sino también a personas cercanas a ella.

Privilegios y favores bajo sospecha.

Las declaraciones de Ramírez se producen en paralelo a otra investigación judicial en marcha: el juzgado número 4 de Ávila estudia un posible caso de cohecho dentro de la cárcel de Brieva. Un funcionario penitenciario habría entregado un móvil a Ana Julia Quezada a cambio de favores sexuales, algo que, de confirmarse, podría abrir un nuevo frente legal.

Ya en mayo del año pasado, Patricia denunció públicamente que se le estaba permitiendo a Ana Julia participar en un documental sobre el crimen, presuntamente desde prisión y con ayuda externa. A raíz de su denuncia, se paralizó el proyecto, pero las dudas sobre la vigilancia y control en la prisión persistieron.

Cuando la televisión se convierte en tribuna.

Hace solo unos días, Patricia Ramírez decidió romper su silencio en televisión. Acudió al programa Vamos a ver, donde habló con serenidad, pero también con una firmeza que solo da el dolor sostenido en el tiempo. Explicó que había decidido acudir al plató no por protagonismo, sino porque consideraba imprescindible visibilizar lo que muchas víctimas están atravesando.

«La oscuridad no puede acapararlo todo», expresó. A su juicio, los medios no siempre ponen el foco en quienes sufren, y muchas veces se privilegia la narrativa del verdugo sobre la del sobreviviente. Por eso, dijo, era necesario construir un espacio desde donde las víctimas pudieran expresarse con dignidad.

Un acto de valentía y una llamada a la unión.

Ramírez explicó que hablar públicamente fue un paso difícil, pero inevitable. Se inspiró en el ejemplo de otros padres, como los de Marta del Castillo o Ruth Ortiz, que llevan años denunciando injusticias sin descanso. Para ella, callar es dejar que el miedo gane terreno, y eso también es otra forma de violencia.

Insistió en que las víctimas deben hacer frente común. Aunque cada historia es distinta, existen puntos en común: la lucha por una justicia real, la necesidad de protección, y la urgencia de que los condenados no puedan lucrarse con el crimen. «No podemos permitir que quien mata escriba su historia desde el confort de una celda privilegiada», sentenció.

Un sistema que no escucha del todo.

Pese a sus esfuerzos, Patricia ha denunciado una y otra vez la falta de respuestas. Ha enviado cartas a instituciones penitenciarias, ha pedido ser informada si Ana Julia accede a beneficios, y ha solicitado amparo legal. Todo ha sido en vano. En palabras suyas, la ley protege a la condenada más que a quienes arrastran las consecuencias.

La madre del pequeño Gabriel cuestiona cómo es posible que personas condenadas por delitos tan graves consigan teléfonos móviles o participen en documentales. Recuerda que, según el reglamento, un móvil en prisión es un objeto prohibido, por los riesgos que implica para la seguridad de todos.

La memoria de Gabriel, una luz persistente.

A pesar del dolor, Patricia no habla desde el odio, sino desde la determinación. No teme a Ana Julia Quezada, aunque sabe que puede desearle daño. Pero está convencida de que hay que hablar, denunciar y visibilizar, porque en el silencio florecen las injusticias. «A la oscuridad se le enfrenta con luz», afirma con contundencia.

En estos ocho años, el recuerdo del “Pescaíto” ha sido un motor de lucha para su madre. Y aunque el sistema, como ella misma dice, está lleno de fallos, su batalla no es por venganza, sino por evitar que otros sufran lo mismo. Una lucha que, con cada paso, convierte el duelo en coraje.