Hablar sin dar la cara

La imagen de un usuario con el rostro cubierto y un móvil en la mano resume bien el dilema legal que plantean hoy las redes sociales: ¿cómo equilibrar el derecho a expresarse libremente y a mantener la privacidad con la necesidad de establecer responsabilidades en el entorno digital?

En España no existe un «derecho al anonimato» como tal. La Constitución garantiza tanto la libertad de expresión como el derecho a la intimidad y al honor, pero no entra a valorar si uno debe o no identificarse al participar en el mundo digital. Lo cierto es que el uso de seudónimos está permitido y ha sido respaldado por la jurisprudencia, siempre que no sirva para cometer delitos.

Desde el punto de vista legal, explica el abogado experto en derecho digital Borja Adsuara, «el anonimato (entendido como impunidad) no es un derecho protegido, ni hay ninguna declaración de derechos que lo incluya. El Estado de Derecho no puede aceptar espacios de impunidad donde no llegue la Ley, la policía o los jueces». En cambio, matiza, «el pseudonimato –es decir, el uso de un seudónimo– sí permite ejercer la libertad de expresión sin temor a represalias, aunque con límites: si se comete un delito, un juez puede ordenar levantar el velo y perseguir penalmente a la persona que está detrás». Este principio, añade, está recogido en la Carta Española de Derechos Digitales.

En 2021, la Carta de Derechos Digitales incorporó por primera vez el llamado derecho al pseudonimato. Este derecho reconoce que cualquier persona pueda usar un nombre ficticio para acceder a entornos digitales como redes sociales. El objetivo es ofrecer un margen de protección a quienes, por motivos personales, sociales o profesionales, no pueden expresarse libremente con su identidad real. Es una forma de facilitar la participación en la vida pública digital sin poner en riesgo la seguridad o integridad del usuario.

El derecho al pseudonimato reconoce que cualquier persona puede usar un nombre ficticio en redes sociales

Eso sí, esta posibilidad no es ilimitada. La Carta aclara que el uso de seudónimos dependerá tanto de las capacidades técnicas como de la legislación vigente, y no será aplicable en contextos donde sea necesario identificar al usuario, por ejemplo, en servicios de pago o entornos sensibles que requieran verificar la identidad por seguridad.

Además, el texto incluye un matiz importante: en caso de delito, la identidad de la persona tras el seudónimo debe poder ser recuperada mediante resolución judicial. Usar otro nombre está permitido, pero no otorga impunidad.

Borja Adsuara insiste en que, en la práctica, «mucha gente se cree que está interactuando en redes sociales con perfiles o cuentas anónimas, pero no lo son. La mayoría son pseudónimas y los administradores de esas redes tienen datos suficientes para identificarlos –como IPs, correos electrónicos o metadatos– si un juez los solicita como parte de una investigación judicial». Para delitos como calumnias o amenazas, recuerda, estos mecanismos ya están en marcha. En el caso de la desinformación, sin embargo, el marco legal es más complejo y depende en gran parte de las nuevas normativas europeas.

En esta línea, Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado, experto internacional en Derecho digital y director del posgrado en Legal Tech y transformación digital de la Universidad Complutense de Madrid, subraya el papel clave que juegan las plataformas digitales en este engranaje legal. «Actúan como intermediarios técnicos y por ello poseen información sensible como IPs, historiales de actividad o datos personales. Su capacidad para almacenar esta información las convierte en actores fundamentales para colaborar con jueces y autoridades en la investigación de delitos en la red», señala. Según explica, esta colaboración está contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece de forma clara la obligación de colaborar con la justicia en estos casos.

A nivel europeo, la libertad de expresión y la privacidad están recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) fomenta la seudonimización como método de protección. Aun así, también hay límites. En 2018, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que la policía podía exigir la identidad digital de un sospechoso, incluso si el delito era leve.

El marco legal europeo avanza hacia una mayor trazabilidad en línea, aunque eso no significa el fin del anonimato

El debate legal sigue abierto, sobre todo con nuevas normativas como el reglamento eIDAS 2, que promueve la identificación electrónica en toda la UE. Aunque no prohíbe el anonimato, tampoco lo contempla. Y lo mismo ocurre con la nueva Ley de Servicios Digitales, que impone a las plataformas más control sobre los contenidos ilegales y exige más transparencia. En resumen: el marco legal europeo avanza hacia una mayor trazabilidad, sin que eso signifique, de momento, el fin del anonimato.

Además, Moisés Barrio advierte que el uso de seudónimos en redes sociales puede chocar con la normativa de protección de datos personales. Aunque se oculte la identidad directa del usuario, los datos pueden ser rastreados y vinculados a su identidad real mediante información adicional. «La línea entre privacidad y ocultación de identidad es difusa», explica. «La seudonimización no impide la reidentificación, y por tanto debe estar sujeta a medidas técnicas que eviten un uso indebido. El pseudónimo protege la privacidad y la libertad de expresión, pero también puede usarse con fines delictivos. Por eso, cuando se cruzan ciertos límites, corresponde al juez autorizar la identificación».

Un dilema ético con muchas caras

En el plano ético, el anonimato digital despierta opiniones igual de divididas. Organizaciones como Human Rights Watch o ARTICLE 19 lo defienden como una herramienta fundamental para proteger a periodistas, activistas o usuarios vulnerables. En países con regímenes autoritarios, puede ser la única vía para denunciar abusos sin poner en riesgo la vida.

La investigadora Danah Boyd lo resume así: quienes usan seudónimos suelen ser los más marginados. Para muchas mujeres, personas LGTBI o colectivos racializados, el anonimato permite compartir experiencias, pedir ayuda o crear comunidad en entornos donde hacerlo con su nombre real sería peligroso.

Para muchos usuarios vulnerables, el anonimato es una forma de pedir ayuda o crear comunidad

ONG tecnológicas como SocialTIC o Take Back The Tech han documentado casos donde el uso de perfiles anónimos permitió denunciar violencia de género, corrupción o discriminación. En muchos contextos, el anonimato es más una herramienta de supervivencia que un privilegio.

Pero también están quienes lo ven como un problema. Sus críticos argumentan que facilita el discurso de odio, las amenazas y la difusión de bulos. Cuando nadie da la cara, dicen, es más fácil insultar, acosar o manipular. Y lo cierto es que los delitos de odio, calumnias o amenazas ya están penados, incluso si se cometen desde perfiles anónimos.

El reto ético está en el equilibrio: ¿cómo proteger las voces legítimas que se ocultan por necesidad, sin dar carta blanca a quienes abusan del anonimato? La mayoría de expertos coincide en que debe mantenerse como un derecho, pero con límites claros y mecanismos para identificar a quienes lo utilicen para hacer daño.

Anonimato y convivencia en redes

Desde el punto de vista social, el anonimato ha cambiado la forma en que nos relacionamos en internet. Ha permitido nuevas formas de participación, creatividad y expresión. Muchos usuarios –no solo famosos– recurren a seudónimos por razones tan válidas como la protección de su vida privada o el miedo a represalias. No es solo cuestión de trolls.

Un caso ilustrativo: un trabajador fue despedido por criticar a su empresa en Facebook con su nombre real. Con un perfil anónimo, probablemente habría evitado el castigo. Este tipo de ejemplos muestran que, a veces, esconder el nombre es una forma de protección frente al poder.

Pero el anonimato también ha generado espacios tóxicos. En foros o redes sin control, proliferan los insultos, los bulos y el acoso. Campañas de desinformación se organizan desde cuentas falsas que desaparecen cuando son detectadas. Y eso deteriora la confianza entre usuarios.

Para frenar este efecto, las nuevas normativas europeas exigen medidas más firmes: verificación de cuentas, trazabilidad de contenidos y sistemas antifraude. Las plataformas también han comenzado a reforzar sus herramientas internas de moderación. Aun así, muchos expertos advierten que la solución no pasa solo por endurecer las reglas, sino por mejorar la educación digital.

En definitiva, el anonimato en internet es una herramienta poderosa. Puede proteger, pero también esconder. Usado con responsabilidad, puede ser un aliado de la libertad de expresión. Mal usado, mina la convivencia. La clave no está tanto en eliminarlo como en aprender a convivir con él, con leyes, normas éticas y sentido común.

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