El lado oscuro de la adopción internacional

El documental Adopción, un escándalo global elimina de un plumazo el edulcorante y los lazos rosas de adopciones internacionales. Muestra delante de las cámaras todo lo que queda detrás de ellas en lo relativo a la construcción de familias tras una adopción internacional: robo de niños, falsificación masiva de documentos, granjas de mujeres, fraude y un lucro millonario de intermediarios.

Emmanuelle Hébert y Johanna Lamboley son dos de las protagonistas del documental. Son dos mujeres que llegaron al Francia con menos de tres años. Una provenía de Calcuta y otra de Santiago de Chile. Fueron adoptadas y naturalizadas francesas. Hoy luchan con uñas y dientes para proteger los derechos de las personas adoptadas internacionales y buscan compensar a las víctimas de tráfico. Trabajan incansablemente para fomentar el cambio legislativo con el objetivo de proteger a las víctimas de adopción irregular y garantizar el fácil acceso a los expedientes de adopción. Ambas aseguran que «la comida de nuestros platos es más rastreable que nuestras propias identidades y existencias como adoptadas».

Emma y Johanna son cofundadoras de la asociación francesa RAIF, que se dedica a proteger los intereses y los derechos de las personas adoptadas en Francia. Ambas han vivido kafkianas experiencias propias buscando a sus familias en India y Chile. Han recogido el testimonio de cientos de personas adoptadas y las ayudan a dar con el paradero de sus familiares en el país de origen. Esto les impulsó a contar su historia y labor en este documental dirigido por Sonia González y Christine Tournadre, producido por Tangerine Productions.

«Era vital desmontar el mito del niño rescatado y el padre salvador», aclara Johanna

«Era vital desmontar el mito del niño rescatado y el padre salvador. Teníamos que deconstruir el concepto de niño salvaje al que hay que educar, sea como sea», aclara Johanna como parte de su pelea diaria por terminar con el racismo que sufren algunos adoptados internacionales. Muchos de estos adoptados, ahora tienen entre treinta y cuarenta años y se sienten víctimas de los actores y organizaciones implicados en su adopción. Y son miles y miles los casos destapados de sustracción de menores en Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia. Johanna asegura que «nos han utilizado y se han beneficiado a nuestra costa».

Lo que les impulsó a trabajar para los adoptados es la oposición que se encontraron ambas cuando intentaron averiguar qué ocurrió al nacer, los primeros meses de sus vidas y su posterior adopción. «En el orfanato de Calcula las monjas me preguntaron si creía en Dios y que las respuestas a todas mis preguntas estaban en él. No tenían información sobre mí», explica Emma, hablando sobre su llegada al orfanato como adulta en busca de sus padres. Se dio de bruces con la realidad de esos orfanatos: la mentira, la manipulación y la negación de la identidad biológica.

Tras varios viajes a la India y cuatro versiones diferentes sobre lo que sucedió con su madre biológica obtuvo respuestas. Para Emma, la búsqueda de información dependía de la negociación con religiosas y sus instituciones: «Llegar a la verdad de nuestras historias depende ahora de la buena voluntad de las hermanas de los orfanatos». La oposición al acceso a la información cuando los orfanatos o colegios están regentados por congregaciones de religiosas es un gran impedimento para la búsqueda.

Johanna vivió algo similar, pero al otro lado del mundo, en Santiago de Chile. «Vivía en Concepción con mi mamá y formábamos un dúo feliz porque le encantaba bailar y cantar cuando me llevaba a limpiar casas, ese era su trabajo». Johanna empezó a sospechar en 2020 que podría haber sido una niña sustraída ilegalmente, porque el hotel que aparecía como su certificado de nacimiento estaba en punto de mira de la prensa chilena mencionado como un centro de tráfico de niños.

La dictadura de Pinochet usó el tráfico de niños hacia el extranjero como medida de control de la población

Johanna descubrió que su adopción fue irregular: «Cuando conocí a mi madre en persona me dijo que llevaba 34 años buscándome, había rehecho su vida, pero yo seguía siendo un fantasma en su corazón y cada cumpleaños se encerraba a llorar». Johanna había desaparecido de Chile ilegalmente, montada en un avión destino Francia sin el permiso de la familia. La dictadura de Pinochet usó el tráfico de niños hacia el extranjero como medida de control de la población usando un sistema judicial corrupto mientras los países receptores de niños miraban hacia otro lado. Incluso las azafatas de algunas líneas aéreas eran parte de la red de sustracción de bebés en todo el mundo.

Emma y Johanna decidieron crear la asociación RAIF para dar voz y representación a los adoptados a nivel político e institucional. También para suscitar modificaciones legislativas en Francia y en Europa con el objetivo que reconozcan públicamente el robo masivo de seres humanos en otros países. «Decidí sumarme a esta asociación para que las generaciones actuales y futuras no tuvieran que pasar por lo que yo pasé, porque cuando me embarqué a buscar mis orígenes estaba completamente sola», aclara Emma. «Estos viajes vitales pueden dañar la mente, incluso de las personas más equilibradas», explica.

Emma y Johanna consideran que «el derecho a los orígenes es un derecho fundamental para todos, tanto si se ha nacido en Francia, en secreto, donado o nacido en otro país. Significa tener un apellido, una fecha y lugar de nacimiento y una relación paternofilial y nadie debería verse privado de ello». Porque la realidad es que miles de personas adoptadas buscan a sus familias en otros países, familias que nunca firmaron un consentimiento para la adopción o bien lo hicieron forzados los servicios sociales, jueces, enfermeras o agencias de adopción.

El documental saca a la luz la falta de mecanismos de protección para conocer la identidad tras una adopción internacional. Se señalan muchas deficiencias: entre las más graves están la falta de transparencia de las autoridades estatales y de los países de origen a la hora de hacerse con los expedientes de adopción. «Muchos intermediarios de las adopciones siguen vivos, lo que hace más difícil descubrir la información», explica Johanna. Resaltan que se ignoran las consecuencias de la adopción en las trayectorias vitales de la persona que suelen contener un trauma. Mencionan un tema del que nadie quiere hablar: la tasa de suicidio entre las personas adoptadas es cuatro veces superior a la de los no adoptados. «Es hora de despertar de este desastre», añaden.

Emma y Johanna mencionan las problemáticas a las que se enfrentan las personas adoptadas en su camino para restituir la identidad. La lista es larga. Les concierne un tema en especial: el racismo y lo que le rodea como la aculturación, la negación del color o el sesgo colonial que son abusos que un menor sufre desde que pisa el suelo del país que lo adoptada. «El problema de la identidad es el más grave. Una adopción plena rompe todos los vínculos de filiación y nos hace aparecer oficialmente como nacidos de los señores “Pérez”, aunque seamos negros, morenos o tengamos características de países extranjeros que estigmatizan nuestra alteridad, provocando una profunda disonancia», explica Emma, haciendo referencia a los adoptados de países como la India, países centroafricanos o del sudeste asiático.

Su labor asociativa ayudando a personas adoptadas las he hecho llegar más lejos, hasta las Naciones Unidas en su oficina de Ginebra para ser escuchadas. En 2022 desde Naciones Unidas se realizó una declaración conjunta sobre adopciones internacionales donde se recogían algunos puntos clave relacionados con las reivindicaciones de Emma y Johanna. Entre ellas: tipificar de la adopción internacional ilegal como crímenes contra la humanidad, ampliar los plazos de prescripción de esos delitos, reconocer el estatuto de víctima para estas personas traficadas. También se dejaba abierta la puerta a una posible reparación hacia las víctimas.

Sobre el futuro de las adopciones internacionales tienen posicionamientos claros y trabajan para cumplir estos objetivos en el terreno político, por ahora solo en Francia, como es considerar la adopción internacional como un problema de salud pública, dedicar fondos a la investigación sobre la salud mental de las personas adoptadas y sobre todo fomentar a que los países receptores de personas adoptadas tienen que instaurar un protocolo de ayuda a la búsqueda de orígenes sin límite de tiempo, por país, con apoyo jurídico, diplomático, administrativo y psicológico y gratuito.

Terminan expresando que «el acceso a la identidad y a los orígenes son derechos fundamentales, no negociables, que no pueden ser objetos de transacciones financieras de ningún tipo de lucro».

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