Vecinos en la costa

El litoral español es un tesoro natural, pero también un polvorín legal. Cada año, el mar gana terreno, las playas se estrechan y decenas de edificios —algunos de ellos lujosas urbanizaciones— quedan literalmente con los pies en el agua. ¿Qué pasa cuando tu casa está demasiado cerca del mar? ¿Quién protege a quién: la ley a los propietarios o el mar a la costa? Este es el conflicto silencioso que se libra en los 8.000 kilómetros de litoral español, donde la Ley de Costas, el cambio climático y los derechos de propiedad chocan sin remedio.

La Ley de Costas de 1988 marcó una línea roja invisible pero implacable: todo lo que esté a menos de 100 metros de la orilla en suelo urbano (o 200 metros en suelo no urbanizable) pertenece al dominio público. El problema es que, para cuando se trazó esa raya en la arena, ya había medio millón de viviendas ubicadas en el lugar equivocado, según datos de la plataforma que agrupa a los afectados por la Ley de Costas. Entre ellas se cuentan desde humildes casas de pescadores hasta mastodontes como el hotel de El Algarrobico en Almería, ese esqueleto de cemento que lleva dos décadas pudriéndose a 15 metros del agua mientras los tribunales deciden su suerte.

Para cuando llegó la Ley de Costas ya había medio millón de viviendas ubicadas a menos de 100 metros de la orilla

Las cifras oficiales de las administraciones pintan un panorama preocupante: en 2012, el Gobierno reconoció la existencia de unas 10.000 viviendas sobre la arena, y la reforma de la Ley de Costas de 2013 mencionaba 12.800 hogares «regularizables» y hasta 140.000 hogares susceptibles de acogerse a una amnistía de obras. Muchas viven en un limbo jurídico, amparadas por concesiones administrativas que las mantienen a flote temporalmente. Pero el mar no entiende de papeles ni de plazos. Los científicos del Instituto Español de Oceanografía llevan años advirtiendo que el Mediterráneo crece 3,4 milímetros cada año, mientras las playas españolas pierden una media de 1,5 metros anuales en zonas críticas como el Golfo de Cádiz o el frágil Delta del Ebro.

Algunos casos se han convertido en símbolos de esta lucha desigual entre los humanos y la naturaleza. En el barrio marinero de El Palo (Málaga), 570 casas de una o dos plantas viven de prórroga en prórroga. Sus habitantes —unas 4.000 personas— llevan cuatro décadas pidiendo una solución para unas viviendas que, cuando se levantaron, quedaban tierra adentro y hoy están catalogadas como dominio público. La reforma de 2013 les dio aire, pero el reciente reglamento ha devuelto la incertidumbre.

La borrasca Gloria (en enero de 2020) arrancó muros, rompió paseos y metió el Mediterráneo varios metros dentro de las urbanizaciones de Les Deveses en Denia (Alicante). La Ley de Costas establece que, si las olas alcanzan una vivienda cinco veces en cinco años, el terreno puede ser expropiado por seguridad pública. El Ayuntamiento negocia ahora con Costas para permitir que las 8.000 casas afectadas sigan en pie a cambio de prohibir nuevos apartamentos en las parcelas más comprometidas. Mientras tanto, los vecinos piden que se devuelva arena a las playas y se construyan arrecifes artificiales antes de hablar de derribos.

Pero sin duda el símbolo principal es El Algarrobico: un hotel de 411 habitaciones, a 14 metros del mar y dentro de un parque natural. Veinte años de pleitos han confirmado su ilegalidad y el Gobierno ha iniciado la expropiación para demoler la parte que depende del Estado.

El Mediterráneo crece 3,4 milímetros cada año

El conflicto legal que rodea a estas propiedades es tan complejo como doloroso para quienes las habitan. Cuando una construcción se asienta sobre dominio público marítimo, la ley es clara: cualquier daño causado por el mar o los temporales no puede ser reparado. La Asociación de Afectados por la Ley de Costas denuncia que el Estado está llevando a cabo una «expropiación encubierta» al negar cualquier tipo de indemnización a los propietarios. Desde el Gobierno, sin embargo, argumentan que aplicando la Ley solo actúan cuando hay un riesgo inminente para la seguridad de las personas.

Y el cambio climático ha convertido este problema latente en una emergencia acelerada. Según un informe de Greenpeace basado en datos del IPCC, para 2050 el mar habrá avanzado unos 15 metros en zonas especialmente vulnerables como la Costa Brava o Marbella. Frente a esta crisis anunciada, las soluciones que se están aplicando parecen más bien parches temporales. Algunos municipios han optado por inyectar toneladas de arena artificial en sus playas, solo para ver cómo los temporales y las inundaciones se llevan buena parte del esfuerzo y el dinero invertido. Las alternativas pasan por estrategias más radicales y menos populares. En España, solo se han dado pasos tímidos en esta dirección, como en El Saler en Valencia, donde se demolieron algunas construcciones especialmente vulnerables.

Este drama costero tiene, como casi todo, su versión VIP. Mientras vecinos de pueblos pesqueros ven cómo el mar les arrebata sus viviendas, en urbanizaciones de lujo como Sotogrande (Cádiz) o La Manga (Murcia) se construyen diques privados y barreras de contención que alteran el curso natural de la erosión. El caso más flagrante está en Marbella, en 30 kilómetros de costa que, según el Observatorio de la Sostenibilidad, lidera el ranking de poblaciones que incumplen abiertamente la Ley de Costas. Entre ellas se cuentan lujosas villas de celebrities que pagan multas anuales y siguen disfrutando de las privilegiadas vistas al mar.

Ante este panorama, desde la Dirección General de la Costa admiten que en los próximos años habrá que tomar «decisiones impopulares». Los números no dejan lugar a dudas: según la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, «con cada euro invertido en prevención y resiliencia se ahorra entre cinco y siete euros de gasto en reparar los daños». Pero en un país donde el turismo genera el 13,4% del PIB, según Exceltur, nadie parece dispuesto a matar a la gallina de los huevos de oro. Mientras los políticos debaten y los tribunales dilatan sus decisiones, el mar sigue su lento pero imparable avance. Las casas, cada vez más cerca del agua, son testigos mudos de una batalla que, tarde o temprano, la naturaleza ganará.

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